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El papel de la contratación pública ecológica como movilizadora de esfuerzos hacia un desarrollo más sostenible, a debate
Los socios de Garrigues Juan Manuel Cabeza y Javier Fernández Rivaya repasan junto a Rafael Domínguez Olivera, abogado del Estado-jefe en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la evolución de la contratación pública ecológica en España en Los Diálogos de Garrigues Sostenible.
La contratación regida por criterios de selección o condiciones de ejecución de tipo ecológico y sostenible se incrementó un 176,8% en España de 2018 a 2020, según el Informe trienal relativo a la contratación pública en España en 2018, 2019 y 2020. Ese último año, esta contratación representó casi el 21% de la contratación armonizada total de España. Es decir, que la contratación ecológica, entendida como el proceso a través del cual las entidades del sector público adquieren bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, está cobrando cada vez más peso.
En el contexto de Los diálogos de Garrigues Sostenible, el ciclo de webinars que tiene por objeto que profesionales del despacho y expertos en diferentes materias conversen sobre cuestiones de actualidad en materia de sostenibilidad y criterios ESG, el socio de Garrigues Javier Fernández Rivaya hizo un recorrido por la normativa española desde el Plan de Contratación Pública Verde de la AGE y el Código de buenas prácticas medioambientales para los contratos de mantenimiento y obras menores, ambos de 2008, “en los que ya se plantearon objetivos interesantes”. Fue la aprobación de la vigente Ley de Contratos del Sector Público de 2017 la que determinó que la ecología y, en general, la sostenibilidad condicionasen la concepción de la contratación pública. “El espíritu presente en todas estas normas se vio después renovado con el vigente Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, que persigue objetivos incluso más ambiciosos, como promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, o servir como instrumento al servicio de la Estrategia Española Economía circular”, entre otras cosas. “En definitiva, la contratación pública está llamada a desempeñar un papel muy relevante en la movilización de esfuerzos hacia un desarrollo más sostenible y social de las actividades económicas, como así lo reconocen las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030”, afirmó Fernández Rivaya.